QEPD Wilindoro Cacique

Bagua Coiffure

Publicado: 2013-06-05

Por Patricia Wiesse


Bastante maquillado apareció el Informe oficialista sobre los sucesos de Bagua. Hubiera pasado totalmente desapercibido como quería el gobierno si no fuera porque dos de sus miembros se negaron a firmarlo y, al final, solo cuatro lo hicieron.  

La Navidad y el Año Nuevo tampoco favorecieron el debate. En el interín han seguido ocurriendo hechos que confirman la recurrente torpeza y prepotencia del gobierno al tratar el tema indígena.

Suavizar el tono, culpar a los de siempre, exculpar al gobierno. Maquillado y retocado por algún estilista de barrio, la versión final del Informe Bagua es más de lo mismo. Impregnado por una total falta de rigurosidad, politizado y parcializado, le lava manos, pies y rostro al gobierno, deja en mal pie a militares y policías, y embarra a sus adversarios políticos.

Incluye fragmentos de testimonios que no reflejan la pluralidad de opiniones recogidas. Al final queda la impresión de que ni ficharon ni leyeron, y que los viajes solo sirvieron para que Pinilla y Mazzetti aceptaran las atenciones que les brindaban los militares en la zona (viaje en el helicóptero, tour por la Estación 6, almuerzos prolongados, escolta).

Del abundante material que se recogió no se puede concluir que la causa de la protesta haya sido que los pueblos indígenas “no entendieron bien” el contenido de los decretos derogados y que fueron manipulados por gremios, partidos políticos, sectores de la iglesia católica y ONGs. Por eso es que las principales recomendaciones se refieren a la necesidad de explicarles mejor las bondades de los mismos.

Basta hojearlo para notar que los pocos testimonios de los indígenas que aparecen en el Informe han sido sacados de su contexto para que funcionen como un boomerang contra ellos. Por otro lado, los testimonios de las autoridades son resaltados casi como verdades absolutas.

El documento no determina cómo fue el operativo. Los hechos no han sido aclarados y las responsabilidades no han sido definidas. Los protagonistas secundarios son los que cargan con todas las culpas y, por supuesto, algunos indígenas con nombre y apellido, como Zebelio Kayap, dirigente del CENEPA, a quien en el Informe oficialista se le acusa de secuestro agravado. Y los que tomaron las primeras fotos del enfrentamiento en la Curva del Diablo, la pareja de periodistas belgas que no entendía mucho y desbordaba buena voluntad, es acusada de “ instigar a una turba de cuatrocientos manifestantes que impidió que los técnicos reparen un motogenerador en la estación 6”.

Por eso, no son cuatro o cinco, sino cuarenta y tres las contundentes razones por las cuales los comisionados Mari Carmen Gómez y Jesús Manacés no lo firmaron. 

Los días previos a la entrega del Informe oficial, Susana Pinilla no tuvo tiempo para ir a la peluquería. Tuvo que pasar varias amanecidas ojerosa, cansada y despeinada para cumplir con la misión imposible de hacer potable el primer Informe, cuando su plan de pasarlo por agua tibia se malogró.

La antropóloga no supo interpretar las señales de Jesús Manacés y confundió cautela awajún con aceptación. Y es que, a diferencia de la hermana Mari Carmen que como buena gallega puso los puntos sobre las íes desde el principio, Manacés calló y esperó. Estuvo con los comisionados gobiernistas hasta el último día de amanecida. Cuenta que cuando el cansancio lo rendía y cabeceaba echado en la alfombra del local donde trabajaban , Pinilla aprovechaba para agregar y suprimir párrafos a su antojo.

Tinta roja

Al día siguiente de publicado el Informe, cada medio desenmascaró sus intereses y alianzas. El titular de El Comercio lo pinta de cuerpo entero : “Matanza fue iniciada por nativos, según Comisión ad hoc”. El antetítulo dice así : Texto concluye que el 5 de junio policías actuaron en defensa propia. Se reconoce que decretos desencadenaron el paro amazónico. El diario Expreso resaltó: “Nacionalistas protegen a los asesinos de los policías” . Correo no se quedó atrás: “Culpan a humalistas y al SUTEP. Y el subtítulo: “Por el lado del gobierno, señala apresuramiento en emisión de decretos y errores en operativo”. La posición solitaria de La República contrarrestaba: “Deudos de policías: Informe de Bagua está plagado de inexactitudes”.

A los pocos días, aparece también en los medios la dramática foto del mayor Bazán, con una expresión de desconcierto e impotencia, en el momento exacto que es conducido al borde del río. La policía capturó a Asterio Pujupat que aparece amenazante entre el grupo que lo conduce al escenario de su muerte. El peritaje del Instituto de Medicina Legal ha confirmado que el de la foto es el mayor.

Este acto injustificable empezó a ser utilizado para renovar el prejuicio contra “los salvajes” pero, para mala suerte del oficialismo y de su prensa cortesana, fue matizada por el estreno cinematográfico de Avatar, la película más taquillera de los últimos tiempos. Una historia de humanos malos que quieren sacar a los indígenas Na’vi del árbol donde viven porque debajo de él hay un yacimiento de mineral, bastó para hacer la analogía que generó un sentimiento planetario a favor de las causas indígenas del que, por el efecto globalización, no fue ajena la sociedad urbana limeña y que le durará hasta que la película salga de la cartelera.

Mientras tanto…

La calma es esquiva con la selva norte que no deja de estar convulsionada. El run run de lo que traía el Informe oficialista los movilizó, consiguieron el primer borrador, lo revisaron y anunciaron que no lo aceptarían.

En esos días de ánimos exacerbados, llegaron a la zona los integrantes de la comisión multipartidaria del Congreso que tiene como misión la preparación de otro Informe, y fueron recibidos con desconfianza por la población. La lamentable actuación del Poder Legislativo el día que debieron derogarse los decretos estaba demasiado presente en la memoria de los pobladores. Los comisionados no pudieron ocultar su temor ante el grupo que les exigió, como muestra de confianza, que cruzaran el río y se trasladaran al local comunal de Yamayakat, donde suelen realizar sus asambleas. La negativa de la Comisión terminó ahondando las distancias y la gente se negó a hablar. Afortunadamente, el congresista Güido Lombardi no se ha rendido y planea hacer otro viaje a la zona para continuar su investigación y sacar un Informe en minoría . Se repite la historia y el destino de estas comisiones que nunca alcanzan el consenso.

Cualquier representante del Estado es mal visto y, mas bien, la que ha ganado puntos es la organización indígena. Al comprobar que el gobierno no haría nada por las víctimas del baguazo, AIDESEP gestionó un proyecto para indemnizar con cinco mil dólares a los familiares de las diez personas caídas en el enfrentamiento. La primera beneficiada es Miriam Flores, la viuda de Florencio Pintado, un dirigente ecologista mestizo del caserío de Pueblo Libre que murió en la Curva del Diablo. Con el dinero han iniciado la construcción de una casa para la señora y sus siete hijos. Una vergüenza para un gobierno que no tiene sangre en la cara y para el ex premier Jehude Simon que firmó un actas en la ciudad de San Ramón y en Santa María de Nieva, en la que se comprometía a indemnizar a todas las víctimas.

Los representantes de las mineras también son mal vistos. A principios de este año, cuatro trabajadores de la empresa Afrodita fueron retenidos en Huampami varios días por ingresar al territorio comunal sin permiso.

Nos es coincidencia que sea el mismo Zebelio Kayap, mencionado como secuestrador en el Informe oficial, el que lidere una antigua lucha contra las operaciones de la minera Afrodita en el Cenepa que está extrayendo oro ilegalmente de los cerros de la Cordillera del Cóndor. Todo empezó con la traición del INRENA y el recorte de ochenta mil hectáreas del parque nacional Ichikat Muja en la Cordillera del Cóndor para concesionarlo.

Esta situación que ha obviado la consulta a las comunidades afectadas acaba de ser modificada por el Ministerio de Energía y Minas que ha anunciado la suspensión indefinida de las actividades exploratorias de la minera, un triunfo de las organizaciones que ya habían convocado a otra protesta amazónica.

Voz con voz

La fiscal de Utcubamba, Olga Bobadilla, ha archivado la denuncia contra radio La Voz de Bagua. “La emisora y su personal solo cumplió con su labor de informar sobre los sucesos que se produjeron durante el desalojo de la carretera Fernando Belaunde”, puntualiza en la resolución 078-2010 que consta de quince folios en la que están transcritos los audios de los reportes desde la Curva del Diablo. Basta escucharlos para corroborar que la radio “no azuzó”, para usar la palabrita de moda.

“Fue escandaloso. El procurador presentó un audio falso que no fue grabado ni transmitido por La Voz de Bagua y que ha sido desechado como prueba”, sostiene satisfecho Carlos Flores, director de la emisora.

Un fracaso más de la procuraduría del Ministerio de Justicia que se ha convertido en un órgano temible, un inquisidor político a lo Mc Carthy. Como en Hollywood de los años cuarenta, acusó sin pruebas a la dueña, al director y a tres periodistas de esta emisora que fue forzada a enmudecer.

La fiscal Bobadilla, que sale con unas de cal y otras de arena, es la misma que ha solicitado la orden de detención contra los tres jefes policiales responsables del desastroso operativo de la Curva del Diablo: Muguruza, Uribe y Del Carpio. Con esto, la ex ministra Cabanillas danza sin lobos.

Ora Pronobis, padre

Desde el año 2008 hasta la fecha, trece pronunciamientos de obispos, prelaturas, vicariatos y demás organismos de la Iglesia Católica han alertado sobre la situación en la Amazonía. Dos entrevistas han llamado especialmente la atención: la concedida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Miguel Cabrejos que sostuvo: “Se tiene que conocer la verdad; la historia no se puede borrar”; y las declaraciones del obispo Santiago García de la Rasilla que dijo: “El Informe sobre Bagua es sesgado, busca lavarle la cara al gobierno. Deja la impresión de que toda la responsabilidad recae en los indígenas , pese a que la policía y el Estado tienen una responsabilidad mucho más grande. ” 

Otro pronunciamiento importante fue el de la Defensoría del Pueblo. En él dejan claramente establecido que el conflicto amazónico estaba incluido en su reporte de conflictos sociales quince meses antes que ocurriera el Baguazo , que su origen se remonta al 2006 cuando el Poder Ejecutivo presenta al Congreso un proyecto de ley sobre el régimen de tierras forestales que fue cuestionado por las organizaciones indígenas. Y, como principal tarea, recomienda al Estado, instituir el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ya que la falta de ese instrumento produjo el diálogo de sordos.

Promesa es deuda

Se conocen de memoria cada zanja, cada recoveco en el cerro de la Curva. Mari Carmen Gómez y Jesús Manacés han reconstruido paso a paso los movimientos de la policía para tomar la cima ese 5 de junio. Han registrado la hora en la que los indígenas se dan cuenta de la presencia policial y suben el cerro a darles el encuentro. Han observado cuadro por cuadro, por lo menos diez veces, el video difundido por la Vicaría de Jaén. Han leído, fichado y analizado todo el material recopilado. Han identificado los vacíos en la información. Han viajado nuevamente a la zona para recoger testimonios claves y confrontar versiones. Lo no se puede demostrar quedará registrado. Si hay dos versiones y no se llega a un acuerdo quedará registrado.

Muchos hechos que no han sido resaltados saldrán a la luz. Solo uno como adelanto: ¿Alguien sabe que el día 4 de junio abortó un operativo para rescatar a los DINOES de la estación 6? Según un documento elaborado por Oswaldo Bautista, presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas - que el Informe oficial obvió- un día antes de los sucesos, tres fiscales llegaron al aeropuerto de Shumba en Jaén para coordinar su actuación en el operativo. El general Aguilar los dejó plantados. Posteriormente otro general de apellido Silva les informó que dicha acción se había suspendido “porque el avión que iba a trasladar a los policías no podía despegar por razones climatológicas”.

“Nos comprometemos a presentar un informe en minoría que esclarezca lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones”, sostienen.

En marzo lo entregarán. Saldarán su deuda y pasarán a la historia por haber hecho algo inusitado en este país: cumplir su promesa.


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