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Todos podrían estar vivos

Publicado: 2013-06-04


Por Ernesto De la Jara

Bagua, la curva del Diablo, la estación 6, Imacita, los Awajun, los Diroes, palabras que irrumpieron súbitamente en el debate público de Lima y de gran parte del país. 5 de junio de... Día fatídico. Decenas de muertos y cientos de heridos. Indígenas, policías y mestizos. Por gusto. Por nada. Por un pésimo manejo de la situación. El conflicto se podría haber resuelto pacíficamente durante los varios meses que llevaba. Peor aún: los que estaban en el lugar de los hechos sabían que al día siguiente se terminaba todo, ya que se había acordado despejar la carretera bajo determinadas condiciones.

¿Quién desconoció lo convenido? ¿Quién mandó a ejecutar un operativo diseñado para matar y morir? Un cerro entre muchos de pronto convertido en campo de batalla. Balas por todas partes, enfrentamientos, lanzas, piedras, humo, polvareda, sangre, gente huyendo, prisioneros . Policías y civiles tratando de salvar sus vidas sin saber mutuamente quién era el enemigo ni por qué había que combatirlo.

Ante la gravedad de la situación comenzó en Lima una campaña de spots televisivos destinados a hacer creer que todo se reducía a que grupos de indígenas salvajes habían emboscado a policías desarmados. Las imágenes mostraban a varios awajun corriendo, con caras agresivas, pintadas para la guerra, portando lanzas a punto de ser arrojadas. Luego venía la exhibición de los cuerpos de los policías brutalmente asesinados, con acercamientos a sus rostros inertes y a sus heridas producidas por lanzas.

Las primeras noticias que llegaron sobre lo que objetivamente había ocurrido obligaron a sacar dichos spots. Las muertes y heridos habían sido de ambos lado. El operativo policial no había sido llevado sin armas. La feroz masacre de policías no había ocurrido en la zona del conflicto, la Curva del Diablo , sino en una base petrolera, la Estación 6, ubicada a varios kilómetros, la que habían estado custodiando desde hacía meses, pudiendo haber sido evacuados antes del operativo o por lo menos alertados.

De allí, lo de siempre en estas circunstancias: contar muertes y heridos, el regreso a sus casas de los sobrevivientes, llanto, indignación, preguntas, sospechas, acusaciones, huellas y traumas de por vida.

¿Qué pasó en realidad? Muchas versiones comenzaron a circular, sobre todo porque el cerro donde ocurrió el enfrentamiento principal fue rodeado por militares, impidiéndose durante más de un día y medio el acceso de civiles, incluidos autoridades, periodistas y familiares.

Fue así que el gobierno tuvo la acertada decisión de crear comisiones, una de ellas con el mandato específico de reconstruir lo ocurrido. En ella había representantes del Estado y de los grupos indígenas. Todas personas de buena trayectoria. Durante un buen tiempo se trabajó seriamente, generándose expectativas de que se llegaría a lo esencial de la verdad. De pronto apareció un informe, sacado de la manga, que no correspondía a las investigaciones realizadas. Los dos representantes de los grupos indígenas afectados –Jesús Mances y María del Carmen Calleja – como era comprensible decidieron no firmar. Paralelamente tomaron la iniciativa de hacer un nuevo informe, sobre la base de las evidencias recogidas durante meses, constituyendo para tal propósito un grupo de apoyo.

Si bien en él se aportan datos y relatos valiosísimos, quienes estuvieron cerca a lo ocurrido están convencidos de que hay hechos que todavía permanecen en la sombra y que algún día, si hay la voluntad necesaria, saldrán a la luz. Los familiares de los muertos y desaparecidos lo esperan especialmente, al igual que los sobrevivientes y muchos sectores en el país. También se espera que no haya impunidad frente a ninguno de los delitos ocurridos, pero evitando que justos paguen por pecadores. Verdad y justicia en defensa de la vida.


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